Desgraciadamente
los hechos que se van produciendo en el
caso Uribetxeberria dan la razón a quienes desde el principio
calificaron estos acontecimientos como un auténtico espectáculo
circense.
Los protagonistas principales han visto la cuestión como
la ocasión perfecta, algunos, para sacarle el máximo rendimiento
político y electoral, como es el caso de la izquierda abertzale,
otros, para someter al Gobierno y al PP contra sus propias cuerdas,
como es el caso de algunos medios próximos y dirigentes como Mayor
Oreja que lo aprovecha para sus peleas políticas personales.
La
actuación del Gobierno, correcta desde el punto de vista legal en
sus decisiones, sobre todo la relativa a la concesión al penado del
tercer grado penitenciario; sin embargo, ha sido nefasta a la hora de
comunicar a la opinión pública las razones jurídicas y la
finalidad de dicha decisión, conforme a lo que establece el artículo
104 del Reglamento Penitenciario. Razones que se basan única y
exclusivamente en la aplicación del principio de humanidad y de
dignidad personal. Principio que debe inspirar la aplicación de las
normas penitenciaras, por encima de otras consideraciones como pueda
ser las relativas al perfil bárbaro y cruel del propio penado.
Igualmente correcta ha sido la actuación de la Administración
Penitenciaria que una vez clasificado el interno en tercer grado, ha
cumplido con su obligación de incoar el expediente de libertad
condicional. Frente a dicha actuación, resulta incongruente y hasta
hipócrita la actuación del Ministerio Fiscal que habiendo aceptado
los fundamentos para la concesión del tercer grado y reconocido la
existencia del hecho causante, ahora, en el recurso interpuesto se
enzarce en disquisiciones formalistas sobre el diagnóstico médico,
señalando que si bien padece una enfermedad grave e incurable, sin
embargo no existe peligro patente para la vida, pues no hay
diagnóstico sobre la inminencia de dicho riesgo.
Estoy convencido de
que las posiciones del Ministerio Fiscal en este caso están
absolutamente condicionadas por el perfil criminal de Uribetxeberria,
por ser el secuestrador de Ortega Lara. Tengo la convicción de que
el fiscal busca ahora corregir su ‘mala conciencia’ por no haber
recurrido la decisión administrativa de concesión del tercer grado.
Si la Fiscalía se hubiera opuesto al tercer grado, su posición
actual sería coherente, pero los actos propios le delatan. El
Ministerio Fiscal sabe, porque lo ha compartido en otros casos que la
finalidad principal, por no decir exclusiva, de la concesión del
tercer grado a un etarra no arrepentido por enfermedad grave e
incurable, por la vía especial del artículo 104.4 del Reglamento
Penitenciario, es la concesión posterior de la libertad condicional.
¿A cuántos presos por delitos terroristas que no se hayan
desmarcado de la violencia con enfermedades graves e incurables se
les ha concedido el 3º grado y negado la libertad condicional?
Sin
embargo, es un hecho evidente que quienes accedieron al 3º grado se
beneficiaron inmediatamente de la concesión de la libertad
condicional en aplicación precisamente del principio de humanidad y
de dignidad humana, que reclama el derecho a una muerte digna, sea
cual sea el historial criminal. Es obvio que el diagnóstico médico
de Uribetxeberria apunta clarísimamente a una situación de peligro
patente para su vida. No tienen ningún sentido las disquisiciones
sobre si ese peligro es inminente cuando estamos hablando de una
persona cuyo ‘índice vital’ nunca pasaría de entre nueve y once
meses. Lo cierto es que estas batallas y rencillas que se juegan en
Madrid tienen repercusión directa en Euskadi, entrando de lleno en
la precampaña con vocación de permanencia. Es obvio que estas
intromisiones, particularmente las teorías de Mayor Oreja, vienen de
maravilla para las pretensiones electorales de la izquierda
abertzale, aunque ello suponga un claro envenenamiento de la
situación política. Curiosas coincidencias.
Recogido del artículo de Xabier Gurrutzaga en EL CORREO
