Y ahora resulta que el Gobierno ha aprobado esta semana toda una serie de medidas para poner cerco a los abusos en que incurren muchas empresas a la hora de resolver incidentes y dar respuesta a las quejas de los usuarios. Pues parece que no era tan dificil.
Y entre las iniciativas más destacadas, figura la obligación de atender al cliente en un tiempo máximo de tres minutos en cuestiones de información, reclamación y resolución de problemas posteriores a la venta.
La norma garantiza que el reclamante podrá pedir en cualquier momento de la llamada ser atendido por una persona con formación especializada, aunque al principio la primera respuesta la ofrezca un contestador automático.
La medida, sin duda, es bienvenida.
Parece mentira que haya habido que esperar tanto tiempo para convertirla en ley. Aunque parece ser que solo es para empresas, y la administración queda al margen.
Las esperar teléfonicas con Hacienda o con Osakidetza, por poner dos ejemplos, seguiran siendo legales. ¡Lástima!
