La población civil palestina de la Franja de Gaza no puede convertirse en moneda de cambio del enfrentamiento entre Israel y Hamás, considerada organización terrorista por la UE y EE UU, en el enfrentamiento desencadenado tras el salvaje ataque islamista del pasado sábado.
El ultimátum del Ejército israelí para que en cuestión de horas 1,1 millones de personas abandonen sus hogares en el norte de la Franja y se desplacen al sur ante la inminencia de un ataque –previsiblemente una invasión terrestre— coloca a los habitantes de la zona amenazada no solo ante una condición imposible de cumplir en la práctica, sino que además los deja en una situación de vulnerabilidad y desamparo incompatible con la obligación que Israel tiene hacia ellos como potencia ocupante de acuerdo al derecho internacional.
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