Supongamos, como hipótesis, que el juez Manuel García Castellón tiene razón; que también están en lo cierto los fiscales y magistrados del Supremo que respaldan su investigación, que hay un terrorista suelto y que nadie se había dado cuenta hasta ahora.
Supongamos que el expresidente Carles Puigdemont fuera el “líder absoluto” de un grupo terrorista, el máximo responsable de una organización violenta y criminal; alguien dispuesto a matar y secuestrar, alguien que cuenta con una banda organizada capaz de llevar estos objetivos tan siniestros hasta el final.
De ser así, de ser esto verdad, ¿ cuál sería el grado de incompetencia de estos eminentes juristas? ¿Qué explicaciones tendrían que dar por el enorme retraso que acumula esta investigación?
Porque aceptar que Puigdemont es un presunto terrorista implica algo más. Los supuestos delitos por los que esta semana se le acaba de imputar no ocurrieron ayer: son de septiembre de 2019, de hace más de cuatro años.
Y si aceptamos pulpo como animal de compañía –o Puigdemont como líder terrorista, que es un disparate similar– también habría que pedir responsabilidades al juez instructor, por su negligente retraso en actuar.
