Del insólito compromiso pactado entre el Gobierno de Suarez y la Iglesia Católica surgió un equilibrio precario entre la ambos.
En el futuro, la Iglesia perdería algunos privilegios políticos que tuvo en la dictadura, pero conservaría otros,
como reservarse el magisterio moral, no directamente institucional, pues el Estado ya no era confesional, pero no por ello menos efectivo sobre ciudadanos y gobiernos,
financiarse en buena parte con fondos públicos,
obtener apoyo estatal para conservar el patrimonio histórico y artístico,
retener a los ciudadanos bautizados en un privado censo administrativo, dada la dificultad de darse de baja en él (apostatar),
realizar actividades doctrinales, comerciales y sociales (enseñanza en todos los grados, beneficencia, edición, catequesis y radiodifusión),
prestar servicios por cuenta del Estado (en cuarteles, cárceles, hospitales) y disfrutar de un régimen de exención de impuestos, propio de un paraíso fiscal.
Así quedó reemplazada la antigua alianza del sable y el altar
por la más moderna alianza del mercado y el altar.
Y a ella seguimos amarrados.
