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Un político tiene el derecho a vivir donde le plazca. Es obvio que, tal y como ocurre con el resto de los españoles, los únicos límites para sus aspiraciones personales en materia inmobiliaria son los que establece la ley y los que marcan sus ingresos pecuniarios.
Un candidato a la presidencia del Gobierno puede residir donde quiera, como también puede optar libremente por ser atendido en la Seguridad Social o en una clínica privada, por llevar a sus hijos a un colegio concertado o a una escuela cien por cien pública. Puede hacer lo que crea más conveniente en el ámbito de su vida privada, pero no puede pretender que este tipo de decisiones no afecten, para bien o para mal, a su imagen pública.
Podemos ha hecho de la austeridad una de sus señas de identidad y ha criticado con dureza el nivel de vida de políticos. El líder y la portavoz parlamentaria de la formación morada son los que debieron valorar, y supongo que lo habrán hecho, si su mudanza personal podía o no afectar a la credibilidad de su discurso político.
