En estas circunstancias, ¿tiene sentido que el Estado se pliegue a esta arbitrariedad, que desgasta la política general, e impide la normalización social y económica de Cataluña?
El artículo 155 ofrece un amplio margen de intervención del Estado en la autonomía catalana. Quizá fuera preciso detener el carrusel, abrir un plazo de tiempo para la reflexión (y para el desarrollo de los procesos judiciales) y aplazar por tanto las autonómicas varios meses para que se asienten las circunstancias de futuro.
