Ley de seguridad ciudadana la aprobó el Gobierno de Rajoy en 2015 como rodillo contra una calle que, entre mareas sanitarias, educativas y 15-Ms, se le agitaba en demasía.
Y lo hizo en solitario, no solo con el resto del arco parlamentario en contra, sino también con la oposición de las voces más autorizadas de la sociedad: desde el propio portavoz del Sindicato Unificado Policial (SUP), que expresó su "preocupación", a las voces de los juristas más autorizados que veían en ella una preocupante merma en materia de derechos fundamentales, tales como el principio de habeas corpus o la libertad de reunión o expresión.
Un editorial del New York Times dijo de ella que «esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática», e instaba a la Comisión Europea a su condena, como hicieron el relator de la ONU o Amnistía Internacional.
