La evidencia empírica de que disponemos indica de manera inequívoca que en España se practica el lawfare.
¿O no fue lawfare la persecución judicial de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, que fue condenado por la Sala del artículo 61 de la LOPJ de manera jurídicamente aberrante? La sentencia sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, para entonces, ya se había puesto fin a su carrera política.
¿O no ha sido lawfare la persecución de la que han venido siendo objeto los dirigentes de Podemos?
¿O la condena de Arnaldo Otegui con vulneración del derecho a un juez imparcial, que también fue anulada por el TEDH tras haber cumplido los seis años en la cárcel?
¿O la pretensión del Tribunal Supremo de repetir el juicio contra Arnaldo Otegui con el argumento de que este tiene derecho a ser condenado sin vulneración de derechos fundamentales?
¿O la persecución de la que fue objeto Victoria Rosell, que la apartó del Congreso de los Diputados?
¿O la de Mónica Oltra?
¿O la de Rodrigo Torrijos, dirigente comunista sevillano perseguido durante más de diez años en cuatro causas distintas, en ninguna de las cuales se llegó a dictar un auto de procesamiento firme?
