El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, durante la presentación de la Actualización Estratégica 2024-2027 de Repsol.
Imagen de archivo. Europa Press.
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Si algo tiene de bueno el artículo que Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, publicó en La Vanguardia para cuestionar la continuidad de la tasa a los beneficios de las grandes energéticas y a los bancos, es que ha abierto públicamente un debate que, en todo caso, ya se estaba produciendo en ámbitos estrictamente políticos y económicos.
Sorprende, sin embargo, que el cuestionamiento de la tasa por parte de Imaz venga acompañado de la amenaza, que suena más a chantaje, de llevarse sus inversiones fuera de España si la tasa sigue adelante.
Conviene recordar que hablamos de empresas que tienen grandes beneficios en los últimos años y que estas empresas han sido beneficiarias de las subvenciones públicas provenientes de la Unión Europea para la transición energética.
En este contexto, Repsol culpa a la tasa de verse obligado a desviar sus inversiones fuera de España. Y acusa nada menos que la desindustrialización del país a la existencia de esa tasa. Eso sí, arropando este argumento en una loa a los impuestos y su utilidad social. Es decir: muy bien los impuestos, pero a mí que no me toquen una pequeña parte de mis beneficios.
Aunque parece razonable que quien más gana tiene la obligación de aportar más, Imaz se niega a hacerlo en redondo. Lo que finalmente ocurra con esta tasa será solo un pequeño elemento, pero muy significativo de hacia dónde están yendo las prioridades políticas. Esperamos que cunda la racionalidad.
