La declaración de soberanía y el derecho a decidir aprobado por el Parlamento de Cataluña es reflejo de los cambios que se están operando en la sociedad y en la política catalana particularmente desde que el Tribunal Constitucional revisó el Estatuto de Autonomía. Las propuestas programáticas, los debates y la alta participación electoral que se dieron en las elecciones del pasado 25 de noviembre deben también entenderse necesariamente en ese contexto de cambios en el cuerpo social y electoral de Cataluña.
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| El artículo ha sido publicado hoy en EL CORREO por Xabier Gurrutxaga |
La mayoría de las formaciones políticas se pronunciaron en la campaña a favor del derecho a decidir, comprometiendo en sus programas, con sus diferencias, su posición favorable a la celebración de una consulta como instrumento idóneo de participación democrática para este tipo de decisiones. La campaña electoral, como es sabido, se centró en esta cuestión, los partidos hablaron más claro que nunca en sus propuestas y además tenemos el dato de la participación electoral, que superó ampliamente los porcentajes registrados en elecciones anteriores. La declaración aprobada este miércoles es, en este sentido, congruente con lo comprometido por las formaciones durante la campaña y especialmente coherente con los resultados y con la nueva composición política del Parlament. De ahí que sea preciso destacar en primer lugar la legitimidad democrática de la declaración adoptada por una mayoría cualificada de los parlamentarios. Los votos favorables doblan a los contrarios y representan casi dos tercios del total de los representantes de los catalanes.
Para cualquier responsable político, sea de la ideología que sea, esta es una realidad que no se puede ignorar, y mucho menos desvirtuar o minusvalorar. El Estado democrático no se caracteriza solo por reconocer legitimidad a todas las ideas políticas, expresadas democráticamente, sino también porque habilita cauces legales para que dichas ideas se puedan materializar si así lo desea la mayoría de la ciudadanía.
El problema que plantea Cataluña al Estado español con la declaración aprobada es precisamente la inexistencia de un cauce legal para que las aspiraciones soberanistas e independentistas se puedan materializar si así lo deciden los catalanes a través del referéndum convocado al efecto. La existencia de ese cauce legal aliviaría muchas tensiones, racionalizaría el debate y nos ayudaría a todos a comprender mejor la verdadera dimensión del problema. Recuerdo con satisfacción una declaración del Pacto de Ajuria Enea en enero de 1996, donde se venía a resaltar que en un proceso democrático la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, legítimamente expresada, debe encontrar su aplicación en el ordenamiento jurídico vigente en cada momento. Toda una joya para los tiempos que corren.
El problema que plantea Cataluña al Estado español con la declaración aprobada es precisamente la inexistencia de un cauce legal para que las aspiraciones soberanistas e independentistas se puedan materializar si así lo deciden los catalanes a través del referéndum convocado al efecto. La existencia de ese cauce legal aliviaría muchas tensiones, racionalizaría el debate y nos ayudaría a todos a comprender mejor la verdadera dimensión del problema. Recuerdo con satisfacción una declaración del Pacto de Ajuria Enea en enero de 1996, donde se venía a resaltar que en un proceso democrático la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, legítimamente expresada, debe encontrar su aplicación en el ordenamiento jurídico vigente en cada momento. Toda una joya para los tiempos que corren.
