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Julio García-Casarrubios Sainz
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Resulta esperpéntico ver a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores (de) Cospedal exigiendo al líder de Unió, Josep Antoni Duran, que dimita porque su partido cometió delitos de financiación ilegal. Con estas posturas ponemos a las claras que no se quiere acabar con la corrupción. No hay voluntad política. Pero alguien tiene que levantar la mano, para decir: ¡Basta ya!
La Justicia tampoco ha estado a la altura que requiere este grave problema. Y no siempre ha sido por falta de medios, que también. Es la lentitud en los procedimientos lo que favorece que algunos corruptos, la mayoría, se vayan de rositas. No nos podemos permitir que se esclarezca el caso de Durán Lleida, 13 años después de haberse iniciado la causa. Es un escándalo que la Justicia tardara 15 años en actuar en el caso Marbella. Y no sabemos cuánto se tardará en esclarecer otros muchos casos, más sonados, que llevamos oyendo muchos años.
Pero, como todo conflicto en democracia, quien tiene que tomar la iniciativa es la política. Hay que regular, por ley, los plazos en las investigaciones judiciales. Hay que modificar, por ley, el funcionamiento interno de los partidos. Hay que establecer controles “reales”, -sí reales-, en todas las instituciones del Estado. Hay que impedir, por ley, que imputados ocupen cargos de responsabilidad. ¡Ah! Y establecer una sanción dura, inmediata, a quien, por intereses partidistas, acuse a otros sin pruebas. ¡Qué también es corrupción, y no menos grave! ¿Quién va a ser el primero que, desde mañana, empiece a proponer medidas en esa dirección?
