Para empezar el año con "buen pie", reproduzco parte del texto y el cuadro que corren como reguero de pólvora entre los funcionarios (incluidos altos cargos) y trabajadores en general de la Administración pública.
«Este mensaje no es de derecha, ni de centro, ni de izquierda», advierten los autores del informe. El asunto tiene cola, además de guasa.
Según subrayan los autores del mensaje, que adjuntan el cuadro que ilustra este post, el Estado español tiene más cargos públicos o de designación política que ningún otro de Europa (exceptuada Rusia); en concreto, el Estado español tiene el doble que el segundo país con más cargos públicos, Italia (...) y 300.000 más que Alemania, pese a que la población española suma la mitad que la germana.
[Los datos corresponden al ejercicio del 2011]
En España, advierten los autores para argumentar la tesis de que el Estado español precisa ser racionalizado y su estructuras políticas redimensionadas, las Administraciones públicas tienen en nómina a 165.967 médicos, 154.000 policías y 19.854 bomberos; en total, los trabajadores adscritos a esos tres servicios, que son básicos, suman 339.821, frente a los 445.568 cargos públicos o de designación política.
Los autores del informe también subrayan que los salarios de los profesores de enseñanza básica, media y superior, o los de la policía, el personal sanitario o los bomberos son sensiblemente inferiores a los que perciben la mayoría de los cargos públicos con sueldo.
[Nota: No obstante, es obligado reseñar que no todos los concejales, ni mucho menos, cobran por ejercer el cargo; aunque sí acostumbran a percibir compensaciones por asistencia y dietas]
Otro aspecto que merece atención es el de la formación y los estudios que requiere un profesor, un médico, un economista, un policía, un bombero o un administrativo para obtener plaza pública, pues a esos empleos sólo se puede acceder con título de grado medio o superior, amén de años de preparación; en tanto que son miles los cargos electos y los de designación política que no sólo carecen de estudios medios o superiores, sino que ni siquiera tienen experiencia laboral (en este supuesto destaca la actual ministra de Trabajo, que jamás estuvo contratada por una empresa).
[NOTA, sin menoscabo del interés que tiene el estudio ni de las cifras que se barajan, hay profesionales y organismos incluidos en la relación a los que no cabe imputarles la vitola de prescindibles, y en algunos casos tampoco son onerosos para las arcas públicas. Las cifras constatan que la Administración local exige una urgente reforma, reduciendo municipios y suprimiendo las diputaciones provinciales, que carecen de sentido en el federalizante Estado de las Autonomías].
