La transformación que ha sufrido la celebración del 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya, podría ser un buen termómetro de la situación en Catalunya. Mientras que en 1977, durante el proceso constituyente, el grito era “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia”, hoy el grito mayoritario es el de “independència”.
El 9 de noviembre se acerca y el debate está cada vez más encendido. Se amontonan sobre la mesa dudas sobre distintas cuestiones enmarcadas en un proceso que, aunque así nos lo intentan hacer creer desde aquí y desde allá, no son ni blanco ni negro. Dudas que seguramente se verían resueltas a través de una proceso de negociación abierto, generoso y serio entre los gobiernos implicados.
Es cierto que el referéndum es una potestad exclusiva del Gobierno del Estado, según el art. 92 CE . Pero también es verdad que el Gobierno no cuenta con ningún mandato constitucional que le impida convocar un referéndum en Catalunya; de hecho, ni la Constitución ni la ley del Referéndum hacen referencia a esta posibilidad. Existe, cuanto menos, un vacío normativo al respecto.
No digo aquí si tiene más o menos razón una parte o la otra, pero digo que a quien le habla el estado no es a Mas y a Junqueras, sino a millones de ciudadanos. Basta hacer memoria de los últimos tres años, buscar en las hemerotecas, para comprobar que Mas fue obligado por la sociedad a emprender un camino inesperado y que Junqueras solo interpreta a su modo las emociones y unos deseos de la gente que se han ido endureciendo. Se trata de esas multitudes y de millones de ciudadanos que ahora quieren votar y una buena parte ocupa las calles en una exhibición de organización y civismo.
Y mientras tanto, el Estado completo, fía todo a que los catalanes se estrellen en un muro, fían a que esa multitud tropiece y desfallezca, vuelva cada uno a sus casas derrotados. Pero es una verdadera marea ciudadana, formada por los sectores más implicados en los asuntos sociales, con más sentido comunitario y más decisión. En suma, la parte más madura y el centro de cualquier sociedad. Si se le parte el espinazo, como pretenden, la sociedad catalana estará aniquilada para mucho tiempo.
Los gobernantes no podrán escudarse en echar la culpa al de enfrente y, por tanto, deben ponerse a buscar soluciones ya mismo: elecciones, cambio de pregunta, postergación sine die pero con voluntad firme de negociar la celebración de un referéndum.
Contrasta, en todo caso, la voluntad firme de la ciudadanía de ser escuchada con las dudas sobre un proceso que corre el peligro de ser finalmente visto como una estrategia para tensionar posiciones y no para llegar a Ítaca ni para salvar a España.
Y por otra parte, es cierto que votar y saber la opinión de la gente nunca puede ser malo, pero me queda la duda de dónde se encuentra el derecho a decidir. Si existe un marco mínimo para ello. Si el resto de las personas afectadas tienen también derecho a manifestar su opinión o no. Si en vez de hablar de independencias, no sería mejor hablar de interdependencias. Si mi derecho a decir que no a alguien (léase España) a los demás no da derecho también a decirme no a mi mismo (léase España y Europa). En fin, muchos temas para hablar y debatir en calma, sin amenazas por parte de nadie y sin dilación.
