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| Maduro sostiene un ejemplar de la Constitución durante un discurso. HANDOUT REUTERS elpais.com//opinión |
Con su amenaza de ruptura definitiva con el orden constitucional vigente, Maduro coloca a Venezuela ante la disyuntiva más dramática de las últimas décadas. Usando su habitual lenguaje incendiario, el mandatario venezolano plantea a los ciudadanos que la alternativa a sus planes es la confrontación.
Su apelación —criticada incluso desde el chavismo— a entes sin fundamento jurídico alguno como “los poderes originarios” y la delirante definición de un proyecto constituyente en el que participarían 500 “representantes de la comunidad” que nadie sabe cómo se elegirían (aunque sí a quién servirían) dibujan a un presidente decidido a convertir a su país en una dictadura con él al frente.
Ni la comunidad latinoamericana ni la europea pueden consentir que Maduro y sus colaboradores acaben con la Constitución, la Asamblea y, por tanto, con la democracia y las libertades de los venezolanos. Tanto la OEA como la Unión Europea deberían advertir al régimen venezolano de las serias consecuencias (incluyendo la posibilidad de imponer sanciones, como la prohibición de viajar y la congelación de activos en el extranjero) a las que se exponen sus dirigentes si deciden seguir por ese camino. Y España, como puente y representante de los valores democráticos que hermanan a ambos continentes, debería implicarse a fondo en la supervivencia de la democracia en Venezuela.
