"Me podrán llamar ingenuo, me acusarán de ser blando o de llegar tarde porque digan que la situación no tiene salida. Incluso podrán decir que soy un imbécil por intentar vías, para buscar una solución al contencioso político que se vive en Catalunya, que ya no resuelven nada porque el diálogo está muerto y la confrontación hasta el final resulta inevitable". Así comienza la carta que ha publicado Odón Elorza
La situación límite que se vive en Catalunya como consecuencia del contencioso que enfrenta a la Generalitat con la Administración General del Estado, no sólo afecta negativamente a las relaciones entre las instituciones y entre las fuerzas políticas sino que provoca grandes incertidumbres -ante el desprecio a la regla de oro del respeto a la legalidad- y consecuencias en el clima de convivencia ciudadana.
La mayoría social de Catalunya reclama más política y demanda soluciones mientras contempla a partidos de gobierno buscar réditos electorales de la confrontación. Por ello, para un demócrata no caben ni el silencio ni la resignación. Tampoco podemos pensar que la solución radica en aplicar la fórmula de ruptura social que conlleva una consulta de autodeterminación que, hoy por hoy, se enfrenta a obstáculos legales insalvables. Ni en la falta de respuesta a demandas de la sociedad catalana en favor de más autogobierno, más eficacia en la gestión y menos corrupción. Es alentador recordar que la historia está llena de ejemplos en los que la política se abrió paso en la resolución de conflictos que habían llegado al borde del precipicio.
Es necesario explorar ahora, para el caso catalán, todas las posibilidades prácticas que permite la Constitución desde una lectura flexible y abierta del texto. En línea con la concepción de un "constitucionalismo útil", como defendía Ernest Lluch en sus reflexiones políticas sobre la búsqueda del diálogo y el entendimiento para superar el desencuentro sobre el modelo territorial y alcanzar un nuevo Pacto de Estado.
En el caso que nos ocupa, en un mundo de soberanías compartidas e interdependencias crecientes en todos los planos, se trata de favorecer la convivencia de identidades, el encaje de Catalunya en España y la viabilidad al desarrollo de proyectos compartidos entre Catalunya y una España entendida como nación de naciones, pluricultural y plurilingüística.
Más allá de los desaciertos políticos, del cambio de orientación que introdujo la tardía sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y de las actitudes irresponsables de las autoridades que han provocado esta fractura, es urgente la creación de una Comisión parlamentaria en el Congreso. Sería útil para el diálogo entre los grupos, el estudio y la presentación de propuestas y medidas para encauzar de modo democrático las discrepancias, como corresponde a un Estado de Derecho.
