Con la misma seguridad que la noche sigue al día, la Generalitat y el gobierno se encaminan a un enfrentamiento institucional sin precedentes que tensará al máximo a la sociedad catalana y que puede poner en riesgo el clima de convivencia que se ha mantenido desde la recuperación de la democracia.
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| Imágen y texto de el independiente |
No es alarmismo, no es una posibilidad residual, es a lo que estamos abocados sin remedio. El choque de trenes se da por hecho en el gobierno, en la Fiscalía, en el Govern, en las cúpulas de los partidos políticos y de las organizaciones sociales, empresariales y sindicales. Es el consenso del desastre.
Nada tiene que ver este reto a la legalidad con el que supuso la votación del 9 de noviembre de 2014. Ahora las cosas son radicalmente distintas. El referéndum se plantea como vinculante y, de hecho, como el inicio de la independencia de Cataluña. La Generalitat aparece como su principal promotora, con su presidente al frente.
Siguiendo la metáfora del choque de trenes, el maquinista Puigdemont es el menos interesado en pisar el freno. Si Mas llegó hasta donde llegó siendo un independentista converso, él, que ha sido independentista desde que nació, tiene que llegar mucho más lejos que Mas.
El presidente de la Generalitat, por tanto, quiere ir hasta el final y si ahí tiene que asumir la inhabilitación no le importa. Quiere demostrar a los independentistas que le siguen que es hombre de palabra y que si, finalmente, no logra lo prometido, el referéndum y la independencia, es porque Madrid se ha impuesto por la fuerza.
En la locomotora que viene de frente, Rajoy se siente firme. Ha hablado con Merkel, con los altos funcionarios de Bruselas, ha consultado su decisión con un ejército de abogados del Estado… Sabe que tiene a la mayoría de la opinión pública de su parte y lo ha comunicado a través del ministro de Justicia al Fiscal General, José Manuel Maza: “Ustedes hagan lo que tengan que hacer”.
La cuestión es cuándo el gobierno va a tomar la determinación de apretar el botón rojo: la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que algunas competencias, como las que tienen que ver con Interior (el control de los Mossos) pasen a depender del delegado del gobierno en Cataluña.
¿Qué ocurrirá si los altercados se tornan sangrientos? Esa es la pregunta que recorre como un escalofrío la espina dorsal de la sociedad catalana.Todas las opciones están abiertas.
