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La relación de bienes que la Iglesia Católica ha inscrito a su nombre en las últimas dos décadas sigue siendo, inexplicablemente, una materia reservada.
Los registradores de la propiedad enviaron hace ya un año al Gobierno la lista de propiedades inmatriculadas por los diferentes obispados, pero nada se conoce sobre su contenido. Una de las pocas cosas que han trascendido es que, entre lugares de culto y otros bienes, son alrededor de 30.000 las propiedades que la Iglesia ha registrado a su nombre sin tener necesariamente la titularidad.
En aras de una imprescindible transparencia, los ciudadanos tenemos derecho a saber con la máxima precisión las catedrales, iglesias, ermitas, casas parroquiales, abadías, escuelas, plazas o solares inmatriculados desde hace 20 años y a comprobar qué bienes son de dominio público o forman parte del patrimonio cultural de la administración pública que, por cierto, deberían de ser la gran mayoría.
