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Hay cuestiones que en una democracia madura no deberían admitir la mínima discusión: alguien que no paga sus impuestos no puede ejercer un cargo público ni aspirar a él.
Si además sobre ese "alguien" se acumulan evidencias de que ha buscado un trato de favor o de que ha podido cometer algún delito, lo exigible desde cualquier Parlamento, partido o medio de comunicación es que ese "alguien" afronte sus responsabilidades políticas, civiles o penales.
Pues bien, hemos podido comprobar una vez más que España sufre un déficit de calidad democrática más que notable: PP, Ciudadanos y Vox han nombrado presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, ese “alguien” de la máxima confianza de Pablo Casado que debe al Ayuntamiento madrileño cinco años de IBI, que buscó tratos de favor utilizando su posición en el Gobierno de Esperanza Aguirre y que aceptó donaciones que cumplen todos los requisitos del delito de alzamiento de bienes.
