Las andanzas de Juan Carlos I obliga a Felipe VI a dar explicaciones a la ciudadanía y a tomar medidas de mayor calado

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Aunque reconozca que al día de hoy la preocupación fundamental deba de ser conseguir acordar unos presupuestos que permitan encauzar  la legislatura durante los próximos años, no podemos olvidar otros problemas que tenemos en este país y, pensar que las andanzas de Juan Carlos I no afectan a la legitimidad de la Monarquía parlamentaria, “la forma política del Estado español”, según la Constitución, significa ignorar las peculiaridades de los regímenes monárquicos. 

Porque no hay institución más personalizada que la Corona, que se confunde casi por completo con su titular, quien en condiciones normales lo será de por vida o hasta que quiera, y, por extensión, con su familia, pues el jefe del Estado suele serlo por pertenecer a una dinastía y legará a sus descendientes esa misma magistratura. 

De manera que el comportamiento del monarca y de sus parientes, sometido al escrutinio de la opinión pública, adquiere un enorme relieve para nuestro orden constitucional. Más aún cuando la propia Constitución afirma que “la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón”.

Por todo ello parece razonable, cuando menos, "invitar" a Felipe VI a dar explicaciones a la ciudadanía y a tomar medidas de mayor calado de las adoptadas hasta ahora.