La Copa Mundial de la FIFA trasciende ampliamente la celebración de una competición deportiva”, puesto que “su organización moviliza recursos públicos, compromete garantías estatales, condiciona inversiones e infraestructuras y proyecta internacionalmente a los países anfitriones.
Esa dimensión obliga a exigir a quienes participan en su organización un respeto efectivo y continuado de los derechos humanos, de la legalidad internacional y de los principios democráticos que deben regir la actuación de los poderes públicos.
