 |
| eldiario.es/tribuna-abierta/peinado |
superioridad le revocara más de cinco decisiones, debería ser apartado del caso; si le revocara más de diez, debería ser apartado de la carrera; y si le revocara más de quince, debería ir directamente a prisión. Y lo haría así no por atacar a los jueces, sino por defender la justicia de calidad y rigor que nos merecemos.
El juez Peinado ha llevado adelante una instrucción sesgada y ridícula contra Begoña Gómez que, más que retratarle a él, retrata al Poder Judicial que lo ha consentido. Sus excesos han sido gloriosos: comparó al gobierno socialista con el absolutismo de Fernando VII, llenó sus resoluciones de prejuicios de culpabilidad, rechazó pedir la agenda de Begoña porque “previsiblemente ha sido manipulada” (desde ese día debía estar fuera del asunto), insinuó que la policía ayudaría a Begoña a fugarse, imputó sin motivo a Félix Bolaños y a otros muchos, se negó a que el presidente del Gobierno declarara por escrito, etc, etc ...
Finalmente, habrá juicio. Los hechos que se ventilarán, en realidad, son lo de menos. Empezaron siendo unos y terminaron siendo otros. A Begoña la juzgarán por usar a una asesora como ayudante, cosa que parece que es malversación, por pedir dinero para una cátedra extraordinaria en la Complutense por la que recibió cero euros, vinculada a unos másteres que impartía desde 2014, cosa que se tilda de tráfico de influencias, y por el desarrollo de un software gratuito, ofrecido para uso abierto y libre, que se sufragó con aportaciones de empresas y que le reportó a Begoña cero euros, que por alguna razón se considera también malversación.
Pero en el caso de Begoña es tan dudosa y forzada la calificación de los hechos como delictivos, que podría darse la circunstancia de que el jurado declare sustancialmente ciertos los hechos de la acusación y sin embargo absuelva; declare como cierto que Begoña utilizó a su asesora para que le ayudara en sus asuntos privados, pero entienda que eso no es malversación; que pidió dinero a patrocinadores, pero que eso no es el tráfico de influencias por presión moral que se pretende; que participó en el registro de la herramienta informática gratuita, pero que eso no es delito alguno.
En fin, este juicio tan extraño no es más que el resultado de una instrucción atrabiliaria que nadie supo parar, en manos de un instructor que contó siempre con la permisibilidad de sus compañeros, que nunca le pidieron cuenta de sus excesos. La inercia corporativa de este Poder Judicial es tan apabullante que no encontrará motivo para reclamar responsabilidad a un juez cuya ineptitud jurídica es tan flagrante que la superioridad no le ha revocado en este asunto ni cinco ni diez ni quince, sino más de veinte decisiones en dos años. ‘Nada que decir’, habrá dicho el Consejo, ‘es uno de los nuestros’.
