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| Imagen y texto de www.eldiario.es/politica |
Que la infanta Cristina se haya sentado en el banquillo de los acusados es un milagro nacional. No es la prueba de que “el sistema funciona”, como tantos cacarean. Es la consecuencia de la heroicidad y la persistencia de un juez valiente, el juez José Castro, que ha logrado mucho, a pesar de todas las presiones y los palos en las ruedas.
Algunas de estas zancadillas han funcionado: no están en el juicio ni Francisco Camps ni Rita Barbera, a pesar de que la trama Nóos se llevó más millones de la Comunidad Valenciana que de Baleares. Ambos políticos se han librado gracias a que estaban aforados: gracias a que la decisión sobre si debían ir a juicio la tomó un Tribunal Superior de Justicia valenciano que está formado por jueces que fueron nombrados por el PP.
Por otra parte. la abogacía del Estado no solo ha hecho lo imposible para no presentar una acusación contra doña Cristina de Borbón sino que hoy se ha puesto de lado de la Fiscalía para intentar que nadie más pueda hacerlo, tampoco la acusación popular. Si Hacienda no somos todos, y es el Estado –y no los ciudadanos– el único perjudicado del presunto fraude fiscal de la infanta, la doctrina Botín salvaría a Cristina de Borbón del juicio que esta semana acaba de arrancar.
Se supone que la Abogacía del Estado no solo representa los intereses de Hacienda, sino también de todos los ciudadanos. Aunque tal vez esto también sea publicidad engañosa, como lo de la igualdad de los españoles ante la ley.
