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| Un policía turco apunta con su arma a una mujer, pidiéndole que deje el paquete que está llevando, frente del palacio de justicia. © ILYAS AKENGIN/AFP/Getty Images |
Existen temores fundados por los derechos y las libertades de las personas en Turquía, como resultado de una represión de proporciones excepcionales tras el intento fallido de golpe de Estado el 15 de julio de 2016.
Los abusos que tuvieron lugar durante el intento de golpe deben ser investigados y los responsables llevados ante la justicia, pero los derechos humanos deben ser garantizados durante todo este proceso. En un momento de gran temor e incertidumbre, el gobierno no debe pisotear los derechos de las personas.
Amnistía Internacional tiene informes fidedignos de que en Ankara y Estambul la policía turca mantiene a las personas detenidas en posturas forzadas durante hasta 48 horas, negándoles comida, agua y tratamiento médico e insultándolas y amenazándolas. En los peores casos, algunas han sido sometidas a duras palizas y a tortura, incluida la violación.
En una situación donde casi 10.000 personas se encuentran detenidas en la actualidad, en medio de denuncias de tortura y malos tratos, y donde se está llevando a cabo una purga de más de 70.000 personas en los ministerios del Estado y los medios de comunicación, los amplios poderes que confiere el estado de excepción podrían preparar el terreno a una restricción aún mayor del ejercicio de los derechos humanos.
El estado de emergencia no anula en ningún caso las obligaciones de Turquía en virtud del derecho internacional y no debe eliminar libertades y garantías que tanto ha costado conseguir.
Nadie puede sentirse seguro cuando no se respetan los derechos humanos.
