| Cómo le gusta aparentar que ningunea a Madrid simulando que mantiene hilo directo con Bruselas. |
La propuesta que el Gobierno Urkullu tiene intención de remitir a JeanClaude Juncker para ‘el futuro de Europa’, solicitando que la normativa de la UE contemple una ‘ley de claridad’ que propicie la celebración de consultas «de manera legal y pactada», y que permita a las regiones que opten por separarse de un Estado miembro pasar a ser integrantes de la Unión, refleja un sinfín de contradicciones que el Ejecutivo vasco debería tener en cuenta antes de formalizar una iniciativa que no responde a requerimiento alguno de Bruselas.
La periódica reclamación del derecho de decisión invita a preguntarse sobre cuál es el objetivo último de quienes lo propugnan. Imaginemos una directiva europea que sometiera la democracia representativa a una sucesión interminable de consultas populares a modo de encuesta ómnibus. Ninguna institución de la democracia representativa debería engendrar un régimen plebiscitario que decante el futuro de manera maniquea e irreversible.
Además, en estos momentos, la ‘carta a Juncker’ es un favor inmerecido a la deriva secesionista en Cataluña.
Aulestia en El Correo
