El desapego de muchos ciudadanos respecto a la política y a los políticos, se transforma en cabreo, en momentos concretos como la elección entre unas listas “cerradas” de candidatos elegidos por los partidos. Ello restringe la libertad de selección para aquellos que votarían más, o más a gusto, una opción u otra, si no estuviera tal candidato imputado o si estuviera tal otro que les parece mejor. Esta clara imperfección de nuestro sistema electoral (no es la única) genera problemas que se pretenden resolver con la fórmula de “listas abiertas”, para fortalecer el derecho ciudadano a elegir a los mejores representantes.
En su momento, pues, se optó por la provincia y por las listas cerradas, no con malévolas intenciones, sino convencidos de que las siglas partidistas (sus ideologías) primaban sobre cualquier otro personalismo y como una respuesta que facilitaba y fortalecía el despliegue de la democracia de partidos (no se pensaba en otra) en España.
El caso es que se ha generalizado la sensación de que las listas cerradas se han convertido en un mecanismo de selección adversa que elige como candidato no al mejor, aunque pueda serlo, sino al más fiel colaborador de las autoridades orgánicas de los aparatos de los partidos que les proponen.
Una reforma intermedia que ayudaría a evitar algunos de los problemas que el sistema actual plantea cuando quieres votar una candidatura porque te parecen bien sus propuestas políticas, pero tienes serios reparos a corporativizar dicho voto en algunas personas concretas de esa candidatura, por la razón que sea, como que estén imputados por la Justicia sería que se pudiese tachar individualmente de la lista hasta tantos titulares, como suplentes haya, sin que ello invalide la papeleta.
Por otra parte, creo que, en los cargos ejecutivos, estarse mas de dos legislaturas aporta mas elementos negativos que positivos a la vida política del país en general y del grupo político en particular. El peligro de caudillismo se hace peligroso y el apalancamiento de su comparsa en los puestos de confianza de su entorno, claramente perjudicial.
En EE.UU. así lo entendieron hace muchos años y por estas tierras no estaría de más que mientras no sea una obligación fruto de alguna nueva ley electoral consensuada entre los grupos políticos, sean los propios partidos quienes se la autoimpongan. Lo hizo Aznar, lo ha renovado ZP, y debería pensarse en reglamentarlo en todas las escalas ejecutivas de la administración. Creo sinceramente que sería bueno para todos.
