En general, cuando se habla del derecho de libre determinación se reconoce a la población de los Estados y a los territorios no autónomos advirtiéndose, en este mismo sentido, que tal derecho no autoriza, ni fomenta "acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes (…) dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color".
Por tanto, no se puede ignorar, salvo que la intención sea confundir, que la regulación internacional del derecho de libre determinación de los pueblos encuentra su verdadera razón de ser en el proceso de descolonización. Fuera de estos supuestos, sólo parece razonable aceptar la libre determinación en aquellos casos de pueblos anexionados por conquista, dominación extranjera, ocupación o pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos. Nada de lo expuesto puede ser, afortunadamente, predicable de Cataluña.
Soy de la opinión de que España necesita afrontar un proceso de reforma constitucional ( 'La reforma de la Constitución: ¿Por qué, para qué, cómo y cuándo?') que permita recuperar la fortaleza de un proyecto político de nación que hoy creo honestamente que se ha perdido.
Tal reforma constitucional constituiría el único mecanismo para hacer jurídicamente posible la legítima reivindicación política que expresa Cataluña de querer decidir. Ciudadanos y PSOE ya han manifestado su voluntad de explorar esta vía. Señor presidente, usted dirá. Pero el tema es algo más que urgente.
