Con la solemne firma del decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación del 1-O después de la aprobación de la ley de la consulta en el Parlament, las instituciones de autogobierno de Catalunya formalizaron ayer el choque con las del Estado.
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Al firmar el decreto, Carles Puigdemont y su Govern han convocado a los catalanes a una consulta de autodeterminación que es ilegal según el ordenamiento constitucional que en su momento una mayoría de catalanes aprobó en referéndum.
La consulta está supuestamente amparada por una ley aprobada tras violentar las normas del Parlament en un proceso carente de elementales garantías democráticas y en el que se excluyó a la mitad del hemiciclo.
Se consuma de esta forma el fracaso de la política y se abre un panorama desconocido no solo en el camino que debe llevar al 1-O, sino, sobre todo, a partir del 2 de octubre.
No es aventurado predecir que la espiral de acción independentista y reacción legal del Estado que nos ha llevado hasta aquí no hará más que acelerarse a partir de ahora. Las consecuencias son imprevisibles, pues desconocida es la situación en la que la irresponsabilidad, el frentismo, el radicalismo y el inmovilismo de unos y otros han llevado a Catalunya.
Los problemas políticos se encauzan siempre dentro de cauces democráticos fluidos, en absoluto estancos y siempre abiertos a muy diferentes alternativas. Solo desde un dialogo que reconozca la legalidad y desde posiciones alejadas de viejos inmovilismos y abiertas a nuevas formulas se podrá empezar a atisbar la luz al final de este largo túnel.
