El pacto fundacional de la Transición, que se plasmó en la Constitución de 1978, incluía a los partidos nacionalistas.
Todos ellos, por su propia naturaleza, se marcan como objetivo, en su «programa máximo», el logro de la independencia, una pretensión perfectamente democrática si se respeta el ordenamiento vigente.
Ilegalizar ahora a los nacionalismos independentistas es, entre otras cosas, dar una patada a la Constitución y no al contrario.
El camino que ha iniciado el PP, a la sombra de Vox es especialmente peligroso para la convivencia en España y demuestra que hizo pira al "cursillo para hacer amigos" porque, después de esto, no creo que ni intente hablar, y menos negociar, con grupos como el PNV y Junts, si es mínimamente consecuente.
