Nombrar las cosas hace que existan. Nombrarlas correctamente es una cuestión de respeto y dignidad.
El Congreso aprobó este jueves la tercera reforma constitucional de la democracia para cambiar "discapacitados" por “personas con discapacidad”. Algo que suena tan razonable que no debería de ser ni noticia.
Solo la ultraderecha de Vox votó en contra. Puso así en evidencia que no se considera parte de ese consenso básico.
Pretender que la situación política en España es tan grave que impide siquiera sentarse a hablar de cuestiones de sentido común es faltar a la verdad y al deber de hacer pedagogía sobre las circunstancias extremas, aquellas sí, en las que se redactó la Constitución de 1978.
Quienes pactaron los pilares básicos del sistema vigente estaban separados por una acritud ideológica abismal —hoy idealizada bajo el mantra del consenso— y tuvieron que sobreponerse a traumas históricos mucho más graves que perder unas elecciones.
En un contexto de paz duradera y democracia avanzada, debatir las reformas pendientes, formuladas hace décadas y respaldadas por amplio consenso social, no debería suponer tanta amargura.
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