EL acuerdo in extremis alcanzado entre el PSOE y Junts que permitió a Pedro Sánchez salvar el pasado miércoles dos de sus decretos incluye, según han explicado sin demasiada concreción las partes implicadas, una delegación de competencias en materia de inmigración por parte del Estado a Catalunya.
Creo que está siendo objeto de duras críticas tanto por parte de la derecha como de la izquierda basadas en prejuicios y apriorismos fruto, en muchos casos, de la manipulación.
La delegación de competencias de inmigración pactada en modo alguno supondría que el diseño de la política migratoria o la capacidad de expulsión de personas -como se ha llegado sugerir- pasase a ser competencia de la autonomía, toda vez que el Gobierno español ha expresado que esta medida se extendería al resto de las comunidades. Es incuestionable que el artículo 149.1.2 de la Constitución establece que la inmigración es competencia exclusiva del Estado, aunque cabe la posibilidad, como en otras materias, de “transferir o delegar” algunas capacidades.
Creo que está siendo objeto de duras críticas tanto por parte de la derecha como de la izquierda basadas en prejuicios y apriorismos fruto, en muchos casos, de la manipulación.
La delegación de competencias de inmigración pactada en modo alguno supondría que el diseño de la política migratoria o la capacidad de expulsión de personas -como se ha llegado sugerir- pasase a ser competencia de la autonomía, toda vez que el Gobierno español ha expresado que esta medida se extendería al resto de las comunidades. Es incuestionable que el artículo 149.1.2 de la Constitución establece que la inmigración es competencia exclusiva del Estado, aunque cabe la posibilidad, como en otras materias, de “transferir o delegar” algunas capacidades.
Las comunidades autónomas pueden y deben tener un papel activo y determinante en asuntos como la acogida, asistencia, protección o el impulso de políticas que favorezcan la inclusión social de los migrantes y refugiados. Las hiperbólicas reacciones que se están dando en el Estado español en las que vuelve a agitarse el fantasma de la destrucción del Estado con unas “fronteras” (sic) controladas por los soberanistas y acusando a estos de “xenófobos”, cuando se trata precisamente de practicar políticas más acogedoras y humanas y de respeto a los derechos humanos de todas las personas.
