HOY, 7 de julio de 2013, San Fermín, es el primer día desde 1971 en que la central nuclear de Santa María de Garoña está oficialmente cerrada. Ante esta situación histórica, pero sin olvidar las circunstancias en las que se ha producido, cabe ver el vaso medio lleno o medio vacío.
Medio vacío porque el Gobierno de Mariano Rajoy ha abierto la puerta a la reapertura en un año mediante un decreto a la carta en el que se establece que, si el cese de una nuclear se debe a motivos económicos y no de seguridad -y Nuclenor, propietaria de la planta, afirma que así ha sido-, la continuidad entra dentro de lo razonable.
Sin embargo, esas mismas motivaciones económicas son el principal palo en las ruedas que estorba a Endesa e Iberdrola, accionistas de Nuclenor, para seguir adelante con Garoña. El nuevo impuesto a la generación de residuos radiactivos diseñado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, le iba a costar a Nuclenor 153 millones de euros sólo este año, y de hecho por esa razón el pasado mes de diciembre se decidió parar el reactor pese a tener permiso para seguir en marcha hasta ayer mismo. Por otro lado, tras el desastre de Fukushima se revisaron los protocolos de seguridad de las nucleares, y para adaptarse a la nueva situación, Garoña debía ser objeto de mejoras por valor de otros 140 millones.
