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Nadie duda que la coyuntura política es de extrema gravedad, ya que está en riesgo la unidad y la estabilidad del país, así como su imagen ante la comunidad internacional.
Y aunque los fines perseguidos por el Gobierno son plenamente legítimos, no todos los medios son recomendables.
Frente a las trampas legales y políticas de los secesionistas, el Gobierno sólo puede utilizar el imperio de la ley, ya que éste es la única garantía de preservar la democracia.
El Ejecutivo sabía que era previsible que el Consejo de Estado se pronunciase negativamente sobre el recurso al debate de investidura anunciado para el próximo martes, ya que el derecho no puede actuar nunca preventivamente.
También, que era inaudita la decisión de ignorar ese informe y seguir adelante con el recurso.
El TC ha salvado una situación que nunca debería haber llegado a estos extremos de incertidumbre.
Aun así, creo que nunca está de más que quien luego vaya a actuar de árbitro recuerde a las posibles partes implicadas los consecuencias de una u otra actuación.
