Hace unos días, gracias al preciso y valiente testimonio de Marta Vigara en la Ser, contando su experiencia sobre un aborto por un embarazo de riesgo, pudimos conocer en toda su dimensión y muy bien ilustrada la distancia que existe entre aprobar leyes que amplíen derechos y libertades y la garantía de que se cumplan. Por ejemplo, la cobertura de la dependencia, la vivienda digna, la salud mental, etc. etc.
Otros derechos, como el derecho al aborto y a la muerte digna son dos facultades que entran en colisión frontal con uno de los poderes fácticos más arraigados en este país: el poder católico. Y en esta España aún tan atrasada en tantas cosas es imposible tratar a ese poder católico como un ente aislado en su comunidad de creyentes, que ni nos importa quiénes son ni qué hacen en su vida privada, pues a este ámbito deben pertenecer y garantizarse el derecho a la libertad religiosa.
