lunes, 4 de octubre de 2021

¿Está la religión por encima de nuestro Estado de Derecho? En España, desgraciadamente, sí.

 Hace unos días, gracias al preciso y valiente testimonio de Marta Vigara en la Ser, contando su experiencia sobre un aborto por un embarazo de riesgo, pudimos conocer en toda su dimensión y muy bien ilustrada la distancia que existe entre aprobar leyes que amplíen derechos y libertades y la garantía de que se cumplan. Por ejemplo, la cobertura de la dependencia, la vivienda digna, la salud mental, etc. etc.

Otros derechos, como el derecho al aborto y a la muerte digna son dos facultades que entran en colisión frontal con uno de los poderes fácticos más arraigados en este país: el poder católico. Y en esta España aún tan atrasada en tantas cosas es imposible tratar a ese poder católico como un ente aislado en su comunidad de creyentes, que ni nos importa quiénes son ni qué hacen en su vida privada, pues a este ámbito deben pertenecer y garantizarse el derecho a la libertad religiosa.

Todos estos derechos básicos se recogen en leyes meridianamente claras, aprobadas por mayoría de la voluntad popular representada en las Cortes e, incluso, en muchos casos, plasmados en la Constitución Española de 1978, manoseada para las cosas de hiperventilados (banderas, unidad territorial, himnos y monarcas) e ignorada para estas otras del vivir que cito.

Los tentáculos del Vaticano, de la Conferencia Episcopal, del opus dei, de los legionarios de Cristo o de los neocatecumenales, sin despreciar a todos esos movimientos evangelistas que tratan de permear nuestra política y nuestra vida, llegados de América y regados con miles de millones, están en todas las instituciones y ocupan buena parte de la educación y la sanidad públicas, así como las conciencias de quienes deben garantizarlas.