Entre todas las fracturas que hoy dividen la política española hay una que llama la atención; la que separa a quienes apuestan por el diálogo y los que creen que hablar con el otro es una pérdida de tiempo, en el mejor de los casos.
Tal vez quienes no se sientan en esa mesa acierten en su pronóstico. Tal vez fracase la negociación. Pero la pregunta clave es qué alternativa ofrecen. Y si esa alternativa es mejor.
Se sabe cómo acaba la propuesta que aún hoy defienden Junts y la CUP, la de la declaración de independencia unilateral. El resultado está a la vista. Ya se probó en 2017 y es obvio que se volvería a repetir. Otra vez los presos, el ninguneo internacional, el rechazo de una mitad de los propios catalanes y la frustración, ante un nuevo fracaso, de la otra mitad.
También se sabe cómo acaba la alternativa que ofrece la derecha española, la de la mano dura, la respuesta autoritaria y la recentralización. Hay que recordar que fue precisamente eso –encarnado en la campaña del PP contra el Estatut– lo que en buena medida explica cómo hemos llegado hasta aquí.
La mesa de diálogo lo tiene muy difícil. Y así lo admiten todos los que allí se sientan, del Gobierno y la Generalitat. Reconocer que lo ocurrido en Catalunya es un problema político, y no una cuestión de orden público es un gran paso. Y que no se puede imponer de forma unilateral, también.
