Nuestra legislación electoral es obsoleta y en algunos aspectos excesiva. Mantiene prohibiciones absurdas, como la de publicar encuestas dentro de España durante la última semana cuando se pueden difundir fuera de nuestras fronteras, como si tal cosa frenara la información en los tiempos de Internet. También conserva ese anacronismo llamado jornada de reflexión, diseñado bajo planteamientos decimonónicos.
Controla a las televisiones pero no al resto de la prensa. Y obliga a un corsé de cronómetros a los medios públicos, en lugar de legislar algo más eficaz contra la manipulación: su verdadera independencia de los gobiernos de turno.
Al tiempo, nos falta regulación para uno de los momentos más determinantes de las campañas electorales: los debates. Son un derecho de los votantes –como parte del derecho constitucional a la información– y no deberían depender de la voluntad e intereses puntuales de cada uno de los partidos y candidatos, de unos criterios que van cambiando según cómo soplen las encuestas.
Lo razonable sería que las normas fueran siempre las mismas en todas las campañas. Que los debates fueran obligatorios y abundantes, y no arbitrarios y escasos. Que la presencia en ellos del líder de cada partido no dependa de sus pequeños cálculos políticos sobre si le va mal o le va bien en ese momento. Que hubiera varios y con formatos distintos: los principales partidos que se presentan en toda España, aquellos por encima de un porcentaje de votos mínimo, los de todos los partidos con representación parlamentaria, temáticos sobre los principales asuntos…
En definitiva, lo criticable es también que el "ahora debate a cuatro" por orden de la Junta Electoral, vaya a ser el único que podamos ver en estas elecciones con los primeros espadas de los partidos.
