Este domingo pasado, el Partido Popular cometió un nuevo error de cálculo al sumarse a la manifestación de la madrileña plaza de Colón contra los indultos a los presos independentistas catalanes: el rédito político de la concentración se lo llevó Vox, los abucheos de los más exaltados se los llevó Pablo Casado y el protagonismo se lo autoadjudicó la baronesa –y partidaria de pactar con Vox– Isabel Díaz Ayuso al proclamar a las puertas de la sede central del partido: "¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?".
Pocas cosas más antioccidentales, más antieuropeas y más imprevisibles que el que una alta dirigente de un partido de Gobierno incite al rey de una monarquía parlamentaria a saltarse su propia Constitución.
Casado y su equipo más cercano han corregido este lunes a Díaz Ayuso, pero con mucho circunloquio y cuidado.
En el fondo, lo que subyace bajo el intenso debate sobre los indultos y bajo otras muchas polémicas anteriores es que no acaban de admitir ni la legitimidad del Ejecutivo ni la legitimidad de parte de los escaños que lo sustentan, y cuestionan por sistema esas iniciativas y las tildan de ilegales.
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