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Es, evidentemente, un problema político que algunos responsables institucionales se declaren al margen de la ley. Ello requiere soluciones políticas, entre las que de ninguna manera se pueden descartar medidas policiales y judiciales, que son justamente las medidas políticas de aplicación obligada.
Se escribía muchas veces en aquellos años todavía no tan lejanos que presos políticos, también llamados de conciencia eran los encarcelados en los regímenes faltos de libertad por delitos que no lo eran en otros países, mientras los terroristas eran detenidos, juzgados y encarcelados por delitos de derecho común. Asesinar a un policía o colocar una bomba no son delitos de conciencia en ningún país del mundo.
Tampoco perpetrar un golpe de estado, malversar dinero público o prevaricar una autoridad, o los delitos de rebelión y sedición de que habitualmente se sirven los golpistas y que en este caso se imputan a los presos y prófugos catalanes.
Es un problema político que los dirigentes de un país incumplan flagrantemente sus obligaciones y violen la ley. A ese problema deben aplicarse soluciones políticas, la primera de las cuales es el restablecimiento de la ley conculcada y la aplicación a los infractores de lo que dispone el Código Penal. Es una convención que acostumbramos a llamar Justicia.
