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El Estado español se encuentra en el nivel más bajo de representación en los altos organismos europeos de los últimos 25 años. La caída ha venido produciéndose desde que el PP llegó al gobierno en 2012.
La crisis catalana la ha agudizado. No sólo porque ha influido en que a Barcelona no se le concediera la sede de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), sino porque la sensación de que el problema va a continuar durante mucho tiempo aumenta las posibilidades de que nuestro país coseche nuevos fracasos.
La Moncloa y sus corifeos mediáticos insisten en culpar de ello al independentismo catalán. Pero en la prensa y en los gobiernos europeos está muy consolidada la impresión de que la falta de voluntad negociadora del gobierno español es igualmente responsable de la crisis.