Exigir el pasaporte de vacunación, cuando esta esté garantizada a toda la población, para compartir actividad con el resto de la ciudadanía parece razonable.

 La medida es polémica porque se desmarca de la línea adoptada por el Gobierno central, asumida por el Consejo Interterritorial y seguida por la mayoría de los países del planeta. 

No está claro si tiene encaje legal. Pero sí que permite tomar medidas que limiten los derechos individuales si benefician a la mayoría de la comunidad. El confinamiento, por ejemplo, encajaría en ese precepto legal.

Seguramente el sentido común acabará imponiéndose sin necesidad de nuevas normas y los resistentes quedarán como una residual nota a pie de página en los balances. Eso sí, mientras tanto presumirán ante los amigotes de su objeción con esa seguridad que les da saber que quien les impone la obligación a la que se niegan les atenderá convenientemente si su inconsciencia les lleva al hospital.

Lo que sí es posible es poner en marcha para este verano el pasaporte de vacunación. Lo que también es razonable es haber podido ofrecerse la posibilidad de vacunarse a todas las personas. Cualquier otra opción sería una injusticia.

Si una persona tiene derecho a no vacunarse, la sociedad tiene derecho a protegerse y poner límites a las personas que utilicen transportes públicos (Metro, buses, aviones, ...), espacios cerrados de uso público (Teatros, cines, supermercados, bibliotecas, ...).
Exigir el pasaporte de vacunación, cuando esta esté garantizada a toda la población, para compartir actividad con el resto de la ciudadanía parece razonable.