Quien durante casi 40 años ejerció la Jefatura del Estado incumplió de manera flagrante y reiterada las leyes que él mismo sancionaba.
En palabras del presidente Sánchez, la mayoría de los españoles siente “rechazo ante estas conductas incívicas”.
La conducta del rey emérito ha sido más que incívica. Constituye un oprobio que recae directamente sobre su protagonista, que no supo estar a la altura que la dignidad de su cargo exigía, pero empaña también a todo un sistema político en cuya Constitución solo figura un nombre propio: el de Juan Carlos I de Borbón.
No basta con que el anterior jefe del Estado regularice su situación con Hacienda, aunque deba hacerlo, de una vez por todas y no por partes, pues la ley exige que la confesión de culpa ante la Administración tributaria sea, para surtir efecto, “veraz y completa”. Como personaje público que ha sido, el primero de todos durante casi cuatro décadas, también debe una explicación a los españoles, al menos tan exhaustiva y verídica como la que exige Hacienda.
El Estado de derecho debe actuar hasta aclarar todas las circunstancias, sean cuales sean las consecuencias. No puede haber titubeos. Es la imprescindible cláusula moral y jurídica de las democracias: todos iguales ante la ley.
elpais.com/juan-carlos-i-la-democracia-espanola
-necesita-explicaciones
En palabras del presidente Sánchez, la mayoría de los españoles siente “rechazo ante estas conductas incívicas”.
La conducta del rey emérito ha sido más que incívica. Constituye un oprobio que recae directamente sobre su protagonista, que no supo estar a la altura que la dignidad de su cargo exigía, pero empaña también a todo un sistema político en cuya Constitución solo figura un nombre propio: el de Juan Carlos I de Borbón.
No basta con que el anterior jefe del Estado regularice su situación con Hacienda, aunque deba hacerlo, de una vez por todas y no por partes, pues la ley exige que la confesión de culpa ante la Administración tributaria sea, para surtir efecto, “veraz y completa”. Como personaje público que ha sido, el primero de todos durante casi cuatro décadas, también debe una explicación a los españoles, al menos tan exhaustiva y verídica como la que exige Hacienda.
El Estado de derecho debe actuar hasta aclarar todas las circunstancias, sean cuales sean las consecuencias. No puede haber titubeos. Es la imprescindible cláusula moral y jurídica de las democracias: todos iguales ante la ley.
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