Mientras los partidos que han gestionado el sistema político que tuvo su origen en la Transición, PSOE y PP, no estén dispuestos a reformar la ley de secretos oficiales de 1968 y permitir que se tenga acceso a toda la documentación relativa al 23F, celebrar actos como el que ha tenido lugar este pasado martes resulta contraproducente.
El rey Felipe VI ofrece un discurso durante la ceremonia que se celebró ayer,
en el Congreso de los Diputados con motivo del 40 aniversario del 23-F
La monarquía española tiene un problema de credibilidad inocultable. El origen del problema está en la ejecutoria de don Juan Carlos durante su reinado.
La credibilidad de la institución no ha sido asaltada desde fuera, sino que ha sido torpedeada desde dentro. Ha sido la propia Casa Real, con Felipe VI al frente de la misma, la que emitió un comunicado el día en que entró en vigor el primer decreto de estado de alarma, en el que levantó sospechas sobre la conducta de su padre.
Nadie en España ha puesto en cuestión la honorabilidad de don Juan Carlos con la intensidad con que lo ha hecho su hijo. El comunicado de la Casa Real sobre las operaciones financieras del rey emérito es el equivalente del anuncio de la puesta en venta de Génova 13 por parte de Pablo Casado.
Es la confesión de una trayectoria marcada por la corrupción.
Solicitar ya la reforma de la ley de secretos oficiales
y que se tenga acceso a la documentación sobre el 23-F
parece más que razonable.
