En diversos países, incluido el nuestro, hay resistencia por una parte minoritaria de la población, a la idea de una vacuna obligatoria contra el COVID-19.
El debate al respecto ha cobrado fuerza allí donde hay suficientes vacunas pero decae la disposición de la gente a inmunizarse.
En mi opinión, por una parte, desde el momento en el que todo el mundo haya tenido acceso a la vacunación, se puede y debe imponer medidas a los que se niegan a vacunarse, en el marco de las exigencias de la sociedad en su conjunto.
El debate al respecto ha cobrado fuerza allí donde hay suficientes vacunas pero decae la disposición de la gente a inmunizarse.
En mi opinión, por una parte, desde el momento en el que todo el mundo haya tenido acceso a la vacunación, se puede y debe imponer medidas a los que se niegan a vacunarse, en el marco de las exigencias de la sociedad en su conjunto.
No es razonable tratar igual a la hora de relacionarse en la calle, en los bares, en los cines o teatros, etc, a los vacunados que a los que reniegan de manera absolutamente insolidaria de hacerlo.
Y tampoco sera lo mismo ser funcionario o trabajador público, por ejemplo en la sanidad o la enseñanza, o privado de cara al público, que un ciudadano que viva en el monte solito consigo mismo. La obligatoriedad de hacerlo parece muy razonable en el primer caso.
Y si los tribunales revocan leyes razonables es porque los políticos en general, pero unos mucho más culpables que otros, no llegan a acuerdos suficientes para aprobar leyes que ningún juez pueda echar para atrás.
Y si los tribunales revocan leyes razonables es porque los políticos en general, pero unos mucho más culpables que otros, no llegan a acuerdos suficientes para aprobar leyes que ningún juez pueda echar para atrás.
