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Tras la remodelación de gobierno anunciada este fin de semana, he leído que el relevo de Arancha González Laya es una suerte de sanción por la gestión que ha realizado con Marruecos.
Algunos análisis, incluso, van más allá y afirman que es un gesto ante el régimen de Mohamed VI, una manera de contentar los caprichos del monarca alauita. Pareciera que González Laya fuese la culpable de las continuas provocaciones y deslealtades de Marruecos.
Por otro lado, España y la Unión Europea (UE) arrastran décadas dejando a un lado los Derechos Humanos (DDHH), especialmente los del pueblo saharaui, a cambio de lazos comerciales y otros intereses políticos con Marruecos.
Aunque sea doloroso admitirlo, sería raro que eso vaya a cambiar a corto plazo, pese a que el grueso de la población civil da cada vez más muestras de oponerse a ello. En ese sentido, el cambio de cromo de González Laya por José Manuel Albares no barrunta nada bueno de cara al pueblo saharaui, toda vez que Albares, 'afrancesado de pro', viene de París o, lo que es lo mismo, el mejor aliado del régimen marroquí en la UE.
