Un investigador ha denunciado a la UPV por discriminación lingüística por no permitirle la liberación total para poder lograr el perfil 3 que la institución ha impuesto a su puesto. La Universidad le contesta que es un trabajador insustituible, al parecer no hay nadie capacitado para hacer su trabajo. Añade el profesor que él trabaja en un laboratorio con un aparato de resonancia magnética nuclear –que muy de hablar no parece– y que todos los manuales que utiliza están en inglés. Seguro que si Asterix estuviera entre nosotros diría: «Están locos estos vascos». Y lo que más me asombra es que sus pares de la Universidad no hayan salido en tromba a denunciar este atropello.
La sociedad vasca es una sociedad derrotada e impotente ante este gradualismo sobre las exigencias del euskera. Muchas veces he criticado la política lingüística del Gobierno vasco, que no el fomento del euskera, que es otra cosa, pero ahora me estoy empezando a alarmar.
Tanto el Estatuto como la Ley de Normalización del Uso del Euskera hacen hincapié en el derecho de las personas a elegir el idioma oficial para sus relaciones con las administraciones públicas, cosa que se ha hecho razonablemente bien. La sorpresa ha sido que la gente, muy tozuda ella, se ha dirigido en euskera a la Administración en un porcentaje mínimo. Lo mismo que ocurre con las audiencias de ETB1, que son tendentes a cero.
Los activistas del euskera han pervertido el mandato estatutario (que recoge la revolucionaria afirmación de que no se puede discriminar por razón de lengua) y han modificado los objetivos: no se trata de defender los derechos de los ciudadanos sino de euskaldunizar la Administración. Y claro, esto es algo muy diferente, si ese es el objetivo ya no importa la voluntad ciudadana.
Ya conocemos este activismo social desde el catolicismo antiguo, los totalitarismos o las campañas de la vieja Herri Batasuna. No se trata tanto de ampliar los comprometidos como llevar a cabo el señalamiento público de los que no. Una dinámica que lleva a la anestesia social. A la sumisión pasiva ante los más exaltados.
Y de paso, de verdad, el PNV no sabe en qué berenjenal se ha metido.
Esta parafernalia ideologizante esconde una lucha feroz por el poder político y económico, por el estatus social. A la hora de definir los perfiles de los diferentes puestos no se tiene en cuenta la función del puesto, es sólo excusa superficial. No se analiza qué hace, con quién se relaciona, qué idiomas utiliza, cosa que parecería de sentido común. No. Lo que buscan y están logrando es bloquear el acceso de los que no saben euskera a todos los puestos altos de las administraciones. El criterio más extendido es el de incrementar el nivel de exigencia conforme sube el nivel retributivo del puesto; da igual si se está encerrado en un laboratorio, como el profesor denunciante, o se dedica al estudio de las amebas: si tiene nivel retributivo alto, exigencia del euskera alto.
Terrible, el futuro profesional no depende de la capacidad del que ocupa el puesto sino de la buena voluntad arbitraria del poder. La rectora no es tanto de perfiles, que no tiene, sino de otras categorías. «Me considero belarriprest, soy capaz de tener conversaciones informales en euskera. Mi reto es ser ahobizi en dos años», dice. Belarriprest, ahobizi no son en puridad niveles de las destrezas lingüísticas sino de compromiso militante, categorías que están aplicando los monjes activistas para lograr la hegemonía social. La rectora debiera saber que para la nueva orden monacal ella pertenece al ‘club de los inocentes’ y que cualquier día la pueden cancelar.
Y a todo esto, veo con sorpresa que en su currículum la rectora menciona como mérito que ha dirigido «tesis doctorales en euskera».
¿Y esto, cómo se hace sin saber euskera?
