Estos días en los que hemos conocido el asesinato homófobo de Galicia, la Audiencia Provincial de Madrid ha emitido un auto que avala los carteles electorales de Vox -que estigmatizaban a los menores extranjeros- y en el que sus señorías indican que dichos menores representan "un evidente problema social y político".
Este tipo de afirmaciones son habituales en sectores poco formados en una cultura de Derechos Humanos. En esos ambientes se suele confundir a las víctimas con el problema; se señala como origen del conflicto no a quienes lo provocan, sino a quienes lo sufren, a quienes lo denuncian.
Con esta dinámica opera la Justicia en la redacción de este auto. El 'evidente problema social y político' que nos atraviesa actualmente no son unos niños y niñas extranjeros desprotegidos, ni una comunidad LGTBI que intenta vivir en libertad, ni activistas que defienden derechos fundamentales, sino las dinámicas de deshumanización cada vez más cotidianas, normalizadas e incrustadas en las propias instituciones, donde unos cuantos necesitan un curso intensivo en Derechos Humanos.
