Unas 600 navarras deben desplazarse cada año a otras comunidades para poder abortar en una comunidad en la que el Opus Dei tiene una enorme influencia y poder. Ninguna clínica, ni pública ni privada, practica abortos en la Comunidad Foral, pese a que este está permitido por ley en tres supuestos (violación, riesgos para la salud física o psíquica de la madre o malformaciones del feto) desde 1985. Ayer mismo, el presidente navarro se permitió el lujo de decir que no pensaba facilitar la instalación de ninguna clínica privada que los realizase en Navarra.La oposición se ha propuesto abordar el problema en la Cámara regional, y lo ha conseguido, pero el Gobierno de UPN ya lo anunció que se manifestaría en contra de cualquier medida al respecto. Entiendo que las tres fuerzas que estaban dispuestas a gobernar conjuntamente, si están dispuestas a resolver este problema y si realmente en una democracia mandan más los que tienen mayoria absoluta en un organo legislativo que los que gobiernan en minoría, este tema debería de empezar a ver la luz de la salida del túnel. Ayer, aunque con un resultado demasiado ajustado, quedó claro en el Parlamento navarro. Y si el ejecutivo desoye al legislativo, algo habrá que hacer. ¿No?
