El anuncio de que el Gobierno de Irlanda despedirá a 24.750 funcionarios para que pueda ser beneficiaria del fondo de rescate europeo invita a pensar que si un país puede reducir un 7% sus empleados públicos es que sobraban unos cuantos. Con tal medida, la República irlandesa pasará de contar con 8,02 funcionarios por cada cien habitantes a quedarse en 7,47. El porcentaje de partida en Irlanda coincide con el índice que presenta Extremadura, frente a una media española en torno al 6%, que tendría en Cataluña su referencia más contenida (con 3,98), mientras en Euskadi se situaría algo por encima de 5.
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Hoy, las Juntas Generales de Vizcaya abordarán en comisión el proyecto BizkaiKOA, con el que la Diputación pretende «constituir una Entidad Pública Empresarial Foral dirigida a la atención de la difusión del patrimonio cultural» de dicho territorio. La razón fundamental de la iniciativa parece ser la «relativa pérdida de protagonismo de la Diputación» en dicho campo de actuación, y es de suponer que con esta nueva empresa pública de derecho privado sus gestores tratan de lograr lo que no han conseguido a través del área correspondiente del Departamento de Cultura de la institución foral; es decir, recuperar protagonismo. Lo sorprendente es que, al parecer siguiendo las recomendaciones de «una de las entidades de mayor prestigio en el asesoramiento cultural del mundo», la Diputación haya renunciado a perseguir los objetivos que desgrana en su proyecto de norma mediante gestión directa, adecuando si acaso la estructura organizativa de la propia institución foral.
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Como es evidente que en España la sola idea de aplicar expedientes de regulación de empleo en la función pública conduciría a una batalla sindical y judicial interminable. Pero el diseño de toda una administración paralela, integrada por empresas de derecho privado que restan razón de ser a la función pública, no responde únicamente a la búsqueda de mayor eficacia. Sobre todo, rehuye la obligación política de mejorar esa función pública flexibilizando su rígida estructura de parsimoniosos procedimientos y derechos adquiridos, porque ha descubierto que puede obtener resultados políticos y partidarios más interesantes mediante la gestación de entes y sociedades que no son necesariamente ni más eficaces ni más rentables.
