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La eventualidad de una crisis de la institución monárquica no se ha contemplado nunca en la historia constitucional española, aunque hemos tenido sobradas ocasiones para haberlo hecho cada vez que hemos iniciado un ciclo constitucional.
Con la excepción de Alfonso XII, no ha habido ni un solo rey que haya ocupado el trono con la dignidad exigible. Después de la conducta de Carlos IV y Fernando VII en Bayona la sociedad española debía de haber vigilado estrechamente la conducta de cualquier Borbón que ocupara el trono. Pero no lo ha hecho nunca. La sociedad española no ha adoptado nunca las decisiones para evitar que una conducta impropia en el trono se pudiera repetir.
Ya no podemos dejar de hacerlo. El Congreso de los Diputados en cuanto órgano representativo del "pueblo español" tiene que definir con precisión los límites dentro de los cuales tiene que moverse el "monarca parlamentario", así como también la forma en que dichos límites se van a imponer de manera real y efectiva.
Para ello es para lo que resulta imprescindible la comisión de investigación. Hay que revisar la trayectoria de la jefatura del Estado desde la entrada en vigor de la Constitución, con la finalidad de disponer de la información pertinente para protegernos frente a posibles crisis constitucionales, que nos acaben situando en una posición insostenible.
Una sociedad tiene que respetarse a sí misma. Esto no es una opción. Es una necesidad.