 |
Más allá del desconocimiento, que lo hay, lo que existe, a mi juicio, es una voluntad maliciosa de confundir a la ciudadanía cada vez que, en el complicado y fracasado debate de la financiación de las comunidades autónomas, se lanza ante la opinión pública española como chivo expiatorio el régimen foral de financiación de Euskadi y Navarra. El problema de la financiación de las comunidades autónomas y especialmente de Cataluña no se resuelve suprimiendo el Concierto vasco. Esto lo sabe todo el mundo y particularmente los responsables catalanes que defienden para Cataluña un nuevo pacto fiscal.
Nunca se ha tenido aquí la percepción de que estos sistemas tributarios representen un privilegio. Al contrario está muy consolidada la idea de que el Concierto representa un ejercicio de responsabilidad, como es el de ocuparnos nosotros mismos de regular nuestro sistema tributario a través de la potestad normativa y de asumir también la ingrata carga de exigir a los ciudadanos el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Frente a la idea más cómoda y más jacobina de dejar en manos del Estado estas atribuciones como garante, bien de la unidad de la patria, bien de la igualdad uniformizadora.
Ante los problemas de financiación de las comunidades autónomas, en lugar de abordar el problema, los detractores del sistema de Concierto vuelven a la carga con la idea de privilegio. Esta idea no tiene fácil encaje jurídico, pues son precisamente las normas básicas del ordenamiento, como son la Constitución y el Estatuto, las que la califican como un derecho histórico. (Gurrutxaga en Vocento).
En definitiva, el Concierto es algo que esta firmado entre las partes, refrendado por las máximas leyes del estado y difícilmente cuestionable sin alterar profundamente acuerdos históricos que alterarían también otras leyes pactadas y asentadas. El cupo es una cifra y como tal, negociable y alterable con el paso del tiempo en función de cómo se encuentren cada una de las partes y que requiere del mutuo acuerdo de ambas para renovarlo.
